CAMINO DEL SOL 2019

Objetivos del Camino Del Sol 2019

Los objetivos que se persiguen en esta edición del Camino del Sol son:

1-  Comunicar la importancia de impulsar el cambio de modelo energético a través de una transición energética justa, que reconozca la labor de los pioneros de la generación fotovoltaica, sin los cuales no tendríamos la tecnología necesaria para realizar esta transformación. La fotovoltaica nos permite –gracias a este colectivo- tener energía limpia, barata y autóctona.

2- Trasladar la convicción de que no sólo se trata de sustituir las tecnologías de generación, sino también de distribuir la propiedad de las instalaciones de generación, ahora concentradas en pocas empresas en régimen de oligopolio. Los españoles tenemos derecho a autoconsumir energía y a participar del mercado energético a través de parques fotovoltaicos sociales, que beneficien a las economías locales.

3- Queremos que se atienda y se compense el daño causado a las 60.000 familias españolas, que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España, algo que les fue solicitado por el propio Estado español, y que ahora ven mermada la tarifa que se les ofreció y motivo sus inversiones éticas con recortes de hasta en un 50%.

4- Subrayar el daño moral que se suma al quebranto económico al contemplar como todos los demandantes internacionales sí logran sentencias que obliga al Estado español a reparar el daño que les fue causado por los recortes retroactivos arbitrarios.

5- Trasladar a la Sociedad y al sector productor toda la información y el asesoramiento que precisen para participar en el sistema energético. El marco regulatorio se ha complicado en los últimos años, pero ANPIER es capaz de aportar todo el soporte que sea preciso para que las Pymes y los ciudadanos puedan participar de este sector.

CAMINO DEL SOL 2019

UNA TRANSICIÓN JUSTA PARA LOS 60.000 PRODUCTORES PIONEROS

Ahora el reto más importante es transformar España para hacer frente a los nuevos desafíos sociales, económicos y medioambientales. En este marco, la Transición Ecológica será uno de los pilares esenciales de esta transformación, que solo es viable gracias al cambio de modelo energético que ahora iniciamos, con las energías renovables como protagonistas; pero esta transición nunca hubiera sido posible sin la madurez que ha alcanzado la tecnología fotovoltaica. Sin las renovables, solo tendríamos la alternativa del decrecimiento y la resignación de tener que habitar un país contaminado y sometido a precios altos de la energía.

No habrá transición justa si no se restituyen los derechos de aquellos que con su esfuerzo personal creyeron e hicieron posible la madurez de la generación fotovoltaica: 60.000 familias españolas que, atendiendo un llamamiento delEstado español, destinaron sus ahorros e hipotecaron sus hogares para impulsar el desarrollo de una tecnología que ahora nos permite dejar atrás la generación fósil y combatir así los escenarios más devastadores del Cambio Climático.

Es difícil explicar cómo es posible que a este sector se le haya impuesto 9 recortes retroactivos en 10 años; que la tarifa regulada que les ofreció el Estado y motivó estas inversiones se haya visto recortada hasta en un 50%; que se cierna sobre este colectivo un nuevo recorte de un 20% adicional; y que, como esperpéntico estrambote, los grandes inversores internacionales estén logrando sentencias favorables e indemnizaciones que les corresponden, mientras nuestras familias han tenido que refinanciarse en masa para no perder las garantías personales que aportaron en su día a la banca, situación que el Defensor del Pueblo considera injusta.

Siempre hay ámbitos en los que aparecen los consensos y, en ocasiones, la unanimidad. Ejemplo de ello es la posición que mostraron todos los Grupos Parlamentarios, sin excepción, en la pasada legislatura, con respecto a la necesidad de dar una solución urgente a la situación que soportan estas 60.000 familias fotovoltaicas españolas. Todos ellos impulsaron, apoyaron y firmaron algún instrumento normativo que permitiera evitar mayor sufrimiento a este gran colectivo de ciudadanos; pero la prematura conclusión de la legislatura ha dejado esta cuestión en el limbo y es urgente adoptar medidas que garanticen la seguridad jurídica de este colectivo: por una transición energética justa: “seguridad jurídica, sí y ahora”

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