Ahora el reto más importante es transformar España para hacer frente a los nuevos desafíos sociales, económicos y medioambientales. En este marco, la Transición Ecológica será uno de los pilares esenciales de esta transformación, que solo es viable gracias al cambio de modelo energético que ahora iniciamos, con las energías renovables como protagonistas; pero esta transición nunca hubiera sido posible sin la madurez que ha alcanzado la tecnología fotovoltaica. Sin las renovables, solo tendríamos la alternativa del decrecimiento y la resignación de tener que habitar un país contaminado y sometido a precios altos de la energía.

No habrá transición justa si no se restituyen los derechos de aquellos que con su esfuerzo personal creyeron e hicieron posible la madurez de la generación fotovoltaica: 60.000 familias españolas que, atendiendo un llamamiento delEstado español, destinaron sus ahorros e hipotecaron sus hogares para impulsar el desarrollo de una tecnología que ahora nos permite dejar atrás la generación fósil y combatir así los escenarios más devastadores del Cambio Climático.

Es difícil explicar cómo es posible que a este sector se le haya impuesto 9 recortes retroactivos en 10 años; que la tarifa regulada que les ofreció el Estado y motivó estas inversiones se haya visto recortada hasta en un 50%; que se cierna sobre este colectivo un nuevo recorte de un 20% adicional; y que, como esperpéntico estrambote, los grandes inversores internacionales estén logrando sentencias favorables e indemnizaciones que les corresponden, mientras nuestras familias han tenido que refinanciarse en masa para no perder las garantías personales que aportaron en su día a la banca, situación que el Defensor del Pueblo considera injusta.

Siempre hay ámbitos en los que aparecen los consensos y, en ocasiones, la unanimidad. Ejemplo de ello es la posición que mostraron todos los Grupos Parlamentarios, sin excepción, en la pasada legislatura, con respecto a la necesidad de dar una solución urgente a la situación que soportan estas 60.000 familias fotovoltaicas españolas. Todos ellos impulsaron, apoyaron y firmaron algún instrumento normativo que permitiera evitar mayor sufrimiento a este gran colectivo de ciudadanos; pero la prematura conclusión de la legislatura ha dejado esta cuestión en el limbo y es urgente adoptar medidas que garanticen la seguridad jurídica de este colectivo: por una transición energética justa: “seguridad jurídica, sí y ahora”